Montero paga 70.000 euros para concluir lo evidente: el 90% de los chabolistas son inmigrantes

El Ministerio de Igualdad no sabe en qué gastar el dinero. Su último encargo, que asciende a 70.000 euros, ha servido para concluir algo que ya se sabía. «El 90% de las personas que viven en asentamientos pertenecen a algún grupo étnico que sufre con más asiduidad la discriminación racial», es el titular literal que ha destacado La Moncloa para publicitar este informe oficial sobre chabolismo.

Sin embargo, esta investigación es, según el equipo de Irene Montero, «una aproximación pionera en el sector público al estudio de la discriminación racial en asentamientos informales». Ha sido financiada y coordinada por la Dirección General para la Diversidad Étnico Racial, que dirige Rita Bosaho (Podemos); y realizada por dos asociaciones.

Se han analizado vecindarios de seis ciudades (Madrid, Barcelona, Almería, Huelva, Granada y Parla) y ocho asentamientos (la Cañada Real y Las Sabinas en Madrid; el Gorg en Badalona y algunos asentamientos en Barcelona, Nijar, El Ejido, Lepe y Moguer). El informe completo cuenta con escasas 100 páginas, es decir, ha costado 700 euros por página. 

Rita Bosaho ha destacado públicamente que una de las conclusiones es que «los principales estereotipos y prejuicios en el acceso a la vivienda de estas personas son la presunción de precariedad económica y del mal uso del inmueble». Una conclusión que no ha sorprendido a nadie. «Se observa que las personas que pertenecen al Pueblo Gitano, junto con el grupo Africano, afrodescendiente y negro, aluden en mayor medida al color de piel o rasgos físicos como primer desencadenante de discriminación a la hora de acceder a una vivienda», razonan.

El Ministerio ha confirmado que «la presunción de pobreza en las personas que viven en chabolas se asocia a determinados grupos étnicos que sufren con más asiduidad la discriminación racial». Son individuos con «peores condiciones laborales o insuficiencia de ingresos para hacerse cargo de una vivienda y los gastos asociados a ésta».

Por otra parte, la presunción de un mal uso del inmueble «se traduce en un trato diferencial que desemboca en mayores dificultades o incluso en el bloqueo total al acceso a vivienda». Se han realizado entrevistas que han arrojado que a la hora de seleccionar a un inquilino pesa la apariencia física, el color de piel, la vestimenta, la indumentaria, el nombre y apellido, el idioma y el acento.

A través de trabajo de campo en asentamientos ilegales donde viven unas 6.500 personas, se afirma que estas chabolas tienen relación con la incapacidad para tener una vivienda y de dar una solución a los problemas de exclusión y racismo. «Las condiciones de vida que traen consigo los asentamientos informales suponen una vulneración de los derechos humanos», declara con grandilocuencia una de las autoras del estudio.

«Racismo estructural»

Las políticas de Pedro Sánchez no han frenado la pobreza en España y, ante esto, el propio Gobierno reconoce que «hay una falta de previsión de soluciones efectivas para los asentamientos, que durante los últimos años se ha cronificado». Estos guetos, según el documento ministerial, «son una muestra del racismo estructural que los sustenta».

El estudio apunta recomendaciones para paliar este drama. Entre otras, aprobar la Ley para la Igualdad de Trato que impulsa Irene Montero; campañas de publicidad; programas de intermediación en el mercado inmobiliario; creación de mecanismos institucionales de denuncia; o más recursos humanos y económicos para el acompañamiento de las personas que sufren esa discriminación.

Para resolver los asentamientos chabolistas, el estudio aboga por erradicarlos con mecanismos de coordinación y un Plan de Intervención Integral que impulse viviendas dignas para estas personas. Todo ello garantizando el empadronamiento de estas personas eliminando barreras y obstáculos en el procedimiento.

El informe también la toma contra los periodistas: «Se realizó una aproximación a las noticias publicadas en medios, para recoger de manera general la repercusión mediática de las noticias sobre los asentamientos y su posible incidencia en el incremento del discurso de odio racista en los últimos meses». «La pandemia de la Covid-19 ha provocado el surgimiento y propagación de nuevos estereotipos racistas hacia diferentes grupos como objetivo, difundidos a través de bulos, informaciones sesgadas y noticias falsas».

Este gasto de 70.000 euros lleva la firma de la propia Rita Bosaho y se enmarca dentro del concepto de «Estudios y trabajos técnicos» del programa «Igualdad de Trato y Diversidad» del Ministerio de Igualdad en los Presupuestos Generales del Estado. Estas cuentas recogen una partida de un millón de euros para estos estudios. En total, el presupuesto de Igualdad superó en 2021 los 450 millones.